La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la grave crisis política y de seguridad que vive Haití, donde al menos 2.439 personas han muerto en lo que va de año por la violencia de bandas, y concluye que hay una necesidad urgente de intervención internacional.
“Con apoyo y decisión internacional, el pueblo haitiano puede enfrentar esta grave inseguridad y buscar una salida al caos”, destacó en un comunicado el alto comisionado de la ONU para derechos humanos, Volker Türk, con ocasión de la publicación del informe, que se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos el 10 de octubre.
El documento ha sido elaborado por el experto William O’Neill, designado por Türk para analizar la situación de Haití, país que visitó el pasado mes de junio, y muestra una descarnada imagen de la situación que vive el país caribeño, donde también se han registrado al menos 951 secuestros por bandas este año.
Estas bandas, originalmente milicias contratadas por políticos y empresarios para su propia seguridad, “han evolucionado hasta ser grupos autónomos que controlan grandes extensiones de territorio”, señala el texto.
Estas bandas estarían detrás de los al menos 32 asesinatos de policías que ha habido este año, ocupan desde 2021 el Palacio de Justicia de la capital Puerto Príncipe, y, en resumen, “han convertido en insoportable la vida de muchos en la capital y otras partes del país”.
Armas desde Florida
La brutalidad de estas bandas, que reciben armas normalmente por vía marítima desde Miami (EE.UU.) y en menor medida a través de la frontera con la República Dominicana, va en aumento, indica el informe que cita los nombres de algunas de ellas, como los grupos Village-de-Dieu (Ciudad de Dios) o G9.
“Han llegado a mutilar y quemar personas en público, mostrando después esas horribles imágenes en las redes sociales”, indica el documento, que también denuncia numerosas violaciones a mujeres y niñas secuestradas por estos grupos (las abducciones se han multiplicado por cuatro este año).
Operando sobre todo en Puerto Príncipe, estas bandas finalmente afectan a todo Haití, al controlar carreteras que prácticamente han dejado aislada la península sur del país (afectada por un grave terremoto en 2021) o han dificultado la comunicación con la frontera haitiano-dominicana.
A la vista de ese informe, Türk considera que es necesario impulsar “una misión multinacional de apoyo en materia de seguridad” para ayudar a la policía nacional haitiana, cuyo número de efectivos, unos 13.000, apenas alcanza la mitad de lo recomendado por los expertos para un país de 11 millones de habitantes.
Esa misión, que ha reclamado a la ONU el propio Gobierno haitiano, desbordado por la inseguridad, “debe incluir mecanismos de supervisión que informen de su comportamiento, con el fin de prevenir y responder a posibles explotaciones sexuales y abusos”, alerta el informe hecho público hoy.
Movimientos “justicieros”
El texto también denuncia que ante la inseguridad en el país también se han incrementado las acciones de ciudadanos que intentan tomarse la justicia por su mano, con ejecuciones sumarias de presuntos miembros de bandas armadas o sus cómplices, unidos en el movimiento de autodefensa “Bwa Kalé” (“madera pelada” en criollo).
Ese movimiento “muestra la falta de confianza de la población en el Estado”, concluye el informe, recordando que la corrupción política y policial, la inacción política y otros factores han sido caldo de cultivo para la situación límite que vive el país.
El informe recuerda que un 90 por ciento de los haitianos vive por debajo del umbral de pobreza, casi la mitad de la población sufre malnutrición aguda y el número de personas que requieren ayuda humanitaria creció de 2,6 millones en 2019 a 4,9 millones (un 43 % del total de habitantes) en 2022.
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